El Estado Social y sus implicaciones

El primer capítulo del libro de Manuel García-Pelayo “Las transformaciones del Estado contemporáneo” está dedicado al Estado social y sus implicaciones. Este texto realiza una incursión histórica en los orígenes del Estado social, nos explicita sus tipologías y también señala qué cambios afronta su estructura en el contexto de las dinámicas sociedades postindustriales.
El autor inicia su disertación aclarando que el concepto de Estado social implica un tipo de acción que supera por su alcance al Estado de bienestar. Rastreamos el nacimiento del Estado social a finales del siglo XIX en los objetivos de von Stein, tendentes a que las revoluciones y reformas sociales sustituyan a las políticas. Heller manifiesta que en la base de esta noción estatal reside la evitación de la amenaza dictatorial fascista y de la dominación jurídica por parte de los estratos más pudientes. Para él, el Estado social debía tener un contenido económico y social y realizar dentro de su marco un nuevo orden laboral y de distribución de bienes.
Contextualmente, podemos enunciar que el Estado social significa históricamente el intento de adaptación del Estado tradicional o liberal burgués a las condiciones sociales de la civilización industrial y postindustrial con sus nuevos y complejos problemas, pero también con sus grandes posibilidades técnicas, económicas y organizativas para afrontarlos. Si en el último tercio del siglo XIX las medidas de “política social” eran más de tipo asistencial y sectorial, la actual política social de los países industrializados y postindustrializados extiende sus efectos no solamente a efectos parciales de las condiciones de vida de las clases obreras, sino a más estratos sociales y a la promoción de diversos ámbitos vitales en función de una programación integrada y sistemática, lo cual puede conllevar incluso que el Estado ensaye variaciones en la estructura misma del sistema económico en el que ha de operar.
Mientras que el orden liberal se caracterizaba por la oposición entre Estado y sociedad, el Estado social parte de la experiencia de que la sociedad dejada total o parcialmente a sus mecanismos autorreguladores conduce a la pura irracionalidad y que sólo la acción del Estado hecha posible por el desarrollo de las técnicas administrativas, económicas, de programación de decisiones, etc., puede neutralizar los efectos disfuncionales de un desarrollo económico y social no controlado. Por consiguiente, el Estado ha de ser el regulador decisivo del sistema social y ha de disponerse a la tarea de estructurar la sociedad a través de medidas directas o indirectas.
El Estado social tiene como función asegurar los fundamentos básicos del status quo económico y social adaptándolo a las exigencias del tiempo actual, derivando desde el capitalismo en el que se desarrolló hacia un socialismo democrático. Su subsistencia está ligada al control permanente de los aspectos económicos, sociales y culturales de una sociedad, estructurándola y reestructurándola. En este sentido, es fácil percatarse de la consolidación de una tendencia a la estatización de la sociedad, pero también de una tendencia a la socialización del Estado y, por tanto, a la difuminación de límites entre ambos términos. De ser dos sistemas otrora autónomos, el Estado y la sociedad pasan a estar fuertemente interrelacionados entre sí a través de relaciones complejas, con factores reguladores que están fuera de los respectivos sistemas y con un conjunto de subsistemas interseccionados.
El Estado social toma los valores básicos del democrático-liberal, que eran la libertad, la propiedad individual, la igualdad, la seguridad jurídica y la participación de los ciudadanos en la formación de la voluntad estatal a través del sufragio y les da una base y un contenido material, partiendo del supuesto de que individuo y sociedad no son categorías aisladas y contradictorias, sino dos términos en implicación recíproca, de tal modo que no puede realizarse el uno sin el otro. Por lo tanto, el Estado social se sustenta en la justicia distributiva, distribuyendo bienes jurídicos de contenido material y siendo un Estado gestor a cuyas condiciones han de someterse las modalidades de la legislación misma y que se extiende a la justicia legal material. Es un Estado que tiene entre sus misiones la de proteger a la sociedad por la acción del Estado y que se realiza también por su acción en forma de prestaciones sociales, dirección económica y distribución del producto nacional. Bajo estos supuestos, el Estado social ha sido designado por los alemanes como el Estado que se responsabiliza por la “procura existencial”, es decir, llevar a cabo las medidas que aseguren al hombre las posibilidades de existencia que no puede asegurarse por sí mismo, posibilitando las condiciones para el adecuado despliegue de las potencialidades de la personalidad a través de la iniciativa y de la capacidad creadora y competitiva en las que se patentiza la autodeterminación del hombre.
A grandes rasgos, las medidas concretas de la procura existencial consisten en el desarrollo de sistemas o el control de sistemas sin los cuales es imposible el despliegue de la vida humana en la civilización de nuestro tiempo, la seguridad de los distintos aspectos vitales en la sociedad nacional y la realización de una serie de prestaciones sociales garantizadas por los textos constitucionales.
Lo anteriormente mencionado motiva la asunción de la función empresarial por parte del Estado distribuidor, lo cual conlleva el control de las actividades económicas básicas para la economía nacional. El modelo resultante de la garantía orientadora de la economía que asume el Estado se caracteriza por la selección y jerarquización funcional de objetivos desde el punto de vista económico, por la decisión estatal de las políticas contando con los afectados para su ejecución, por la interactuación de la racionalidad política, la racionalidad administrativa y la racionalidad económico-social, por la generalización de la planificación y por la legitimación jurídica y técnica de las políticas implementadas. En este sentido, no es exagerado reseñar que en el marco del Estado social comunidad nacional significa también comunidad económica.
Por otra parte, el autor afirma que el Estado social tiene como supuesto la democracia jurídica y también incluye como parte de su peculio la idea de Estado de Derecho. En relación con la superación que los valores recogidos en el Estado de Derecho adquieren en el marco del Estado social, podemos citar los casos que atañen al principio de legitimidad, al de división de poderes, al de legalidad y al control de la legalidad y de la constitucionalidad.
Por último, García-Pelayo no quiere dejar pasar la oportunidad de glosar el devenir dinámico que protagoniza el Estado social paralelamente a la evolución de las sociedades postindustriales y las nuevas tecnologías y en relación con el resto de actores que integran el sistema neocapitalista, tales como el Estado, las empresas y organizaciones de intereses, los partidos políticos y las organizaciones diversas que coexisten en las democracias avanzadas.
Como cierre, se adjuntan en un anexo una serie de notas relativas a pensadores del ámbito socialdemócrata y revisionista marxista que postulan sus teorías sobre los beneficios que el Estado puede reportar a los individuos menesterosos a partir de su función redistributiva.